POR CRISTHIAN JIMENEZ.- La esperanza es que el caso Calamar contribuya a disminuir la corrupción en el financiamiento de las campañas electorales en el país.
La operación que develó una concertación entre funcionarios, empresarios y políticos para defraudar al Estado por 19 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos del ministerio público, provocó un estremecimiento nacional, no solo por la descomunal suma de dinero sino también por los diversos y entremezclados intereses afectados.
Los financiadores e inversionistas en candidaturas tendrán más cuidado, uno supone, y los funcionarios de las áreas desde las cuales tradicionalmente se fuerzan aportes, pensarán en los exministros presos al aceptar, concebir y ejecutar diseños financieros truculentos.
Los esquemas de recaudación “colaterales” no desaparecerán, pero es ganancia para los dominicanos, sobre todo los de a pie, que esos obscenos montos disminuyan y que lo recaudado por la administración Abinader tome los senderos que dicta la ley.
En términos de equilibrio en la disputa electoral es también beneficioso y disminuirían reparos a los resultados de las votaciones de febrero y mayo próximos.
El financiamiento electoral es una de las principales causas de la corrupción, pero los políticos dominicanos rehúsan disminuirlo legalmente, cerrar las brechas o boquetes que permiten la entrada de dinero sucio o de aquel “limpio” que ata las manos a los gobiernos intereses económicos dominantes.
En la oposición se reclama estricto control de los recursos a que tenga acceso el partido en el gobierno y desde éste, y más eficiente si se tiene el control del Congreso Nacional, se fomentan zonas grises que posibiliten en el fondo todas las opciones.
En la reciente modificación de le ley de régimen electoral se perdió una excelente oportunidad, según el presidente de la JCE, Román Jáquez para una reforma integral que impactara aspectos de más relevancias y como consecuencia de la nueva legislación más de 25 aspectos deberán ser regulados a través de resoluciones y reglamentos. Los partidos tienen opinión sobre determinadas disposiciones administrativas y usualmente rechazan las regulaciones que mejoran los controles y transparencias.
En los años 90, el líder perredeista José Francisco Peña Gómez planteó la necesidad de “financiar la democracia” y auspició lo que luego se convirtió en cuota porcentual del presupuesto anual para los partidos políticos. Se estableció 0.5 en años de elecciones y 0.25 cuando no había comicios distribuidos en 10 por ciento para educación y capacitación; 50 por ciento para gastos administrativos y un 40 por ciento para apoyar candidaturas. (Claro, que no se cumple esa distribución).
En 2023 los partidos reciben 1,260 millones de pesos (los llamados 4 grandes (PRM, PLD, FP, PRD) se reparten 80 por ciento de los fondos en partes iguales). En 2024 recibirían más de 3 mil millones debido a que es año electoral, 0.5 %, y al crecimiento del presupuesto nacional.
Del l998 al 2021, los partidos políticos recibieron 20 mil 261 millones de pesos de recursos de los contribuyentes, según la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES), pero continúan aceptando fondos privados, en numerosas ocasiones de fuentes ilícitas.
En procesos recientes ha habido serias complicaciones con el tema del financiamiento de campaña vinculados a casos de narcotráfico y a corrupción y varios han llegado o caminan a los tribunales locales y del exterior.
En el caso Calamar son procesados exministros y exfuncionarios de menor nivel por alegado desfalco al Estado utilizando un entramado que generaba pagos irregulares de expropiaciones de terrenos y cobros de falsas deudas y extorsión a dueños de bancas de lotería y de apuestas para financiamiento de campaña electoral y enriquecimiento personal.
¿Aprenderemos la lección? Esperemos…
